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CARLOS DEL FRADE, DE ROSARIO

NUEVO LIBRO CON CRONICAS DEL NARCOTRAFICO

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Periodista Carlos del Frade, hace radio en Universidad de Rosario y en Splendid, de Bs. As. Periodista Carlos del Frade, hace radio en Universidad de Rosario y en Splendid, de Bs. As.

El jueves 7 de agosto, a las 19.30, en el Salón del Sindicato de Luz y Fuerza de Rosario, Paraguay 1135, con entrada libre y gratuita, se presentará "Ciudad blanca, crónica negra. Postales del narcotráfico en el Gran Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. Capitalismo y etapa superior del imperialismo", el nuevo libro de investigación periodística de Carlos del Frade.

Historia política de la banda de Los Monos; el lavado de dinero de Luis Medina; la causa Zacarías; futbol y negocios sucios en la cancha chica y en la grande; los silencios de los puertos; las voces que nadie quiso oír desde finales de los años ‘90.

Dice Del Frade: "Sin el apoyo de ningún factor de poder, los necesitamos más que nunca, los esperamos porque el único elemento de respaldo será la presencia de ustedes".

Compartimos con los lectores, parte de un capítulo suministrada por el autor para este medio:

NARCOMAFIAS. Historia política del narcotráfico en Santa Fe. De Galtieri a Tognoli.

Darse cuenta

Ningún negocio ha crecido tanto como el narcotráfico en la provincia de Santa Fe: los datos oficiales de la policía dicen que hasta 1988 la cocaína incautada era de 200 gramos por año desde 1973, en 2012 fueron 400 kilogramos. Dos mil veces aumentó la circulación en menos de un cuarto de siglo. Ninguna otra actividad económica tuvo semejante desarrollo. Ni siquiera la soja y sus derivados.

Pero la cocaína no brota de la tierra santafesina, como si lo hace la soja.

De acuerdo al último informe de las Naciones Unidas sobre la situación mundial de las drogas, publicado el 27 de junio de 2013, la Argentina es el principal consumidor de cocaína del continente y el tercer exportador hacia Europa.

Y, por otro lado, el documento de la Auditoría General de la Nación sobre los puertos de San Lorenzo, Buenos Aires y Campana, sostiene que no hay controles que funcionen bien, una clara oferta para la introducción de cualquier tipo de sustancias.

A fines de 1998, el entonces comisario de la policía federal, Oscar Alvarez, a cargo de la división de drogas en Rosario, ubicada en calle avenida Francia y 3 de Febrero, le decía a este cronista que los mayores cargamentos de sustancias prohibidas entraban por los puertos privados de San Lorenzo y Puerto General San Martín, al norte de la ciudad cuna de la bandera.

La situación del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, entonces, tiene condicionamientos externos, nacionales e internacionales y determinantes internos.

De allí las cifras de asesinatos cometidos durante 2012: 183, número que arrojó una tasa de homicidios de 15 por cada cien mil habitantes. Dos veces y media la tasa promedio nacional.

Las crónicas periodísticas dan cuenta de la complicidad de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, de la lentitud en los procedimientos judiciales santafesinos y federales, la presencia de grandes estudios de abogados y contadores, nombres de funcionarios políticos peronistas y socialistas que aparecen en causas alojadas en los tribunales y empresarios que son investigados por lavado de dinero en la justicia de España.

24 años de gobiernos peronistas y seis de administraciones socialistas demuestran corresponsabilidades a la hora de explicar el crecimiento del negocio criminal.

Es pura hipocresía sostener que la culpa es exclusiva de lo nacional o lo provincial, peronista o socialista. No es serio tirarse la pelota mutuamente porque es una discusión superficial y estéril. Hace falta una profunda autocrítica para saber qué se hizo mal en estos 30 años de democracia si es que, efectivamente, se quiere salvar la vida de nuestros pibes.

Cada vez mueren más pibes porque cada vez tienen menos herramientas para vivir de otra cosa que no sea la economía ilegal del narcotráfico.

Desde 2011 en adelante los números oficiales del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos sostienen que ocho de cada diez chicas y chicos no terminan la escuela secundaria en los grandes barrios populares del Gran Rosario y del aglomerado Santa Fe – Santo Tomé.

Pibas y pibes que terminarán convertidos en consumidores consumidos y que intentarán ganarse la vida como soldaditos de los bunkers donde cobrarán, como mínimo, cuatro mil  pesos por mes, una cifra que no ofrece ningún plan social y que no tienen de otra forma porque más allá que ahora podrán votar desde los 16 años, no hay trabajo para los que cumplen quince y tienen necesidad de llevar algunos pesos a sus hogares, por más que la Constitución Nacional les diga que pueden producir a partir de esa edad.

No hay guerra narco, hay disputas feroces por esos puestos laborales precarios y peligrosos que los metamorfosea en soldaditos barriales.

Soldaditos que son armados con llamativa facilidad porque resulta muy sencillo conseguir una pistola en las calles rosarinas, consecuencia de un mercado negro de armas que no escapa al conocimiento policial según se desprende de las escuchas telefónicas del caso del triple crimen de Villa Moreno.

Por eso no se trata de ausencia del estado, sino de presencia corrupta del estado en los barrios a través de las fuerzas de seguridad corruptas, verdaderos carteles que garantizan la distribución de las drogas porque manejan la calle y, por lo tanto, los negocios de las calles.

Tampoco es flagelo, denominación que remite al castigo bíblico que se abatió sobre Sodoma y Gomorra por decisión de Jehová. Nada hay más humano que el negocio del narcotráfico, nada más perversamente material y absolutamente ajeno a la metafísica, que la inversión necesaria para comprar drogas, transportarlas, distribuirlas, venderlas y lavar el producto de su recaudación.

Si 400 kilogramos de cocaína fueron secuestrados de manera oficial durante el año 2012, hay que pensar que se mueven diez veces más, según las recomendaciones de los estudiosos colombianos. Y si el precio mínimo es de 150 pesos por gramo de cocaína de la llamada alita de mosca, el monto total sería de 600 millones de pesos en un año, sin estirar. Por lo tanto, si de un kilogramo de cocaína se pueden sacar por lo menos otros cinco, el monto del circuito económico supera los 3 mil millones de pesos en un año.

En febrero de 2013, papeles que forman parte de una investigación nacional y que ya está en tribunales federales de Buenos Aires y Rosario, hablaban de un total de 2 mil millones de pesos por año en el negocio del narcotráfico en la ex ciudad obrera. Hay que tener en cuenta que el presupuesto de la municipalidad para atender las necesidades de un millón de habitantes es de 3.600 millones de pesos. Alrededor del 56 por ciento de ese presupuesto anual es lo que circula entre los principales grupos que concentran el negocio criminal.

Mucho dinero para comprar muchas complicidades y muchos servicios especiales de distintos sectores de la sociedad.

Hacia 1993, los tribunales provinciales recibieron una denuncia policial que hablaba de la composición de las llamadas cajas negras donde ya se hablaba de la recaudación proveniente del negocio de la venta de drogas.

En 1995, la suspensión y posterior quiebra del Banco Integrado Departamental con sede en Venado Tuerto, instaló un término hasta ese momento desconocido, lavado de dinero de mil millones de dólares.

Tres años después, el Banco Provincial de Santa Fe era privatizado y pasaba a manos del Banco General de Negocios, propiedad de los hermanos Rhom, denunciados como lavadores del narcotráfico y que luego terminarían presos. Nadie prestó atención a aquellas denuncias.

A fines de los años noventa, la privatización del puerto rosarino abriría las compuertas para la transformación de esos muelles que alguna vez fueron la identidad de la ciudad. Hoy esa terminal está siendo investigada desde la justicia española y ya generó detenciones de empresarios vinculados al otrora puerto más importante de la Argentina.

En el año 2000, la Administración Federal de Ingresos Públicos inició una causa por lavado de dinero contra el entonces presidente de Ñuls, Eduardo López. Hecho que todavía peregrina por los oscuros caminos de la justicia federal rosarina.

Es decir que las menciones al lavado de dinero fueron anteriores a las noticias que hoy hablan de los grupos narcos con base en las barriadas populares.

La primera cuenta vino de arriba, la puerta que garantizaba el lavado de dinero.

Después aparecería la otra cuenta, el otro lado del negocio.

Y en forma paralela, oficiales de las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales, gambeteaban denuncian de corrupción, connivencia con grupos delictivos y conseguían ascender en la escala jerárquica.

El huevo de la serpiente ya se había desarrollado y crecía el cuerpo del reptil ante la complacencia de un poder político que no tenía ni la decisión ni la valentía para poner punto final ante tanta corrupción.

De acuerdo a esta crónica se puede comprobar que antes del desarrollo de los grupos narcos en los barrios periféricos de Rosario, estuvieron los negociados del poder empresarial vinculados a las decisiones políticas, nacionales, provinciales y municipales.

Después vino la segunda cuenta, la otra puerta del negocio narco: la cuenta roja de sangre joven derramada en los barrios.

Desde enero de 2012 a julio de 2013, cinco hechos políticos marcaron el rumbo de la política en la provincia de Santa Fe en materia de seguridad: el triple crimen de Villa Moreno del primero de enero de 2012; la renuncia y posterior detención del ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli; los saqueos de diciembre en varios barrios rosarinos; las denuncias periodísticas que dieron cuenta de los cuatro grupos narcos que operaban en la ciudad y la presencia del nombre de un funcionario socialista entre los supuestos cómplices del negocio y la serie de asesinatos que siguió al homicidio del llamado “Pájaro” Canteros.

Ya en febrero de 2013, las distintas fuerzas políticas participantes del Frente Cívico Progresista y Social le exigieron al gobierno de Bonfatti que debía caer un pez gordo para recuperar credibilidad política.

Ya no había tiempo para hacer la plancha en materia de seguridad. Comenzó a desarticularse la banda de “Los Monos” en Rosario y la de Ascaíni en el departamento General López, en el sur de la provincia.

Esas detenciones obedecieron a un impulso político que, claramente, no tenía originalmente la administración de Bonfatti que, además, había sido ministro de Gobierno del gobierno de Hermes Binner.

El 25 de junio una marcha multipartidaria convocada con la idea de tomar conciencia que en la lucha contra el narcotráfico no sobra nadie, juntó a más de tres mil personas en el Monumento a la Bandera.

El 23 de julio, ya en plena campaña electoral, el Frente Cívico abrazó al edificio de los Tribunales en apoyo a las investigaciones del juez Juan Carlos Vienna, varias veces amenazado por su trabajo en contra del narcotráfico. Pero fue una convocatoria desde el oficialismo y el resultado se vio en la gente que se reunió: 300 personas, diez veces menos en relación a la Multipartidaria.

Una clara respuesta sobre la necesidad de superar las mezquindades y el fulbito para la tribuna.

Pero el narcotráfico no es un fenómeno delictivo aislado, se trata del circuito de dinero fresco que tiene el sistema capitalista.

Enfrentar al narcotráfico es enfrentar al capitalismo.

O por lo menos reducir su ferocidad.

Y comprender las decisiones tomadas por el imperio a partir de los años setenta.

La presidencia de Richard Nixon decidió crear el Departamento Antinarcóticos del Estado norteamericano el primero de julio de 1973. Durante los años sesenta, el gobierno estadounidense impulsó, en primera instancia, el consumo de cocaína con la idea de alentar el heroísmo para ir a Vietnam; luego, a medida que avanzaba la guerra y las derrotas, la administración estatal generó la difusión de la marihuana para apaciguar los ánimos. A fines de los años setenta, Estados Unidos tenía 36 millones de consumidores y el mercado era manejado por los carteles colombianos: los Rodríguez Orejuela, de Cali, y Pablo Escobar Gaviria, de Medellín.

A finales de los años ochenta, la DEA, junto al Comando Sur del Ejército imperial, promovieron la ofensiva final contra esos carteles. El grueso del dinero de los consumidores norteamericanos y del derivado de la exportación hacia Europa debía pasar por la dirección inventada por Nixon.

Fue el momento de buscar una ruta alternativa, una plataforma de exportación distinta que llevara la cocaína y otras sustancias hacia Europa.

Surgió la geografía del segundo productor de éter a nivel mundial, este elemento químico que transforma la hoja de coca en cocaína, y ese país es la Argentina. Eran los primeros tiempos del menemismo. Se democratizó el consumo y comenzaron las exportaciones hacia el viejo continente. De esto dan cuenta diferentes expedientes judiciales en los tribunales federales rosarinos, en particular, y de cualquier otro punto del país, en general.

Un doble negocio para el capitalismo y para Estados Unidos: millones de dólares y miles de pibas y pibes controlados químicamente para que dejen de surgir revolucionarios y, en todo caso, que crezca el delito pero nunca más el pensamiento crítico y la urgencia de cambiar la realidad. Vale más un delincuente que un revolucionario. Doble negocio: económico y político.

En forma paralela, el país de los años setenta, aquel contexto del nacimiento de la DEA, era un espacio donde todavía eran posibles ciudades obreras, ferroviarias, portuarias e industriales como se daba en el Gran Rosario.

A mediados de los años noventa ya no quedaba casi nada de aquello.

Las llamadas reconversiones industriales fueron saqueos de las identidades barriales. El rubro servicio reemplazó al industrial y miles de chicas y chicos se quedaron sin empleo y, por lo tanto, sin futuro.

Los grandes partidos políticos miraron para otro lado. Se acomodaron a la ola de destrucción de las ciudades obreras, industriales, portuarias y ferroviarias.

En la primera década del tercer milenio, los ex barrios trabajadores mutaron en zonas rojas como sucedió con Tablada o Las Flores, en Rosario. Fruto también de la hipocresía de los grandes medios de comunicación que satanizaron esos puntos de la geografía urbana desde el centro de la ciudad, lugar donde se lavaba dinero desde hacía tiempo y en los que comenzaba a hablarse del boom inmobiliario.

Las pibas y los pibes empezaron a sentir su valían menos que los demás y que, para colmo, cada vez tenían menos palabras para decir lo que querían y expresar por qué no querían otro tipo de cosas.

No era casual.

Entre otros saqueos se hizo palpable el robo sistemático de las palabras: hacia 1975, decía la UNESCO, los argentinos teníamos 8 mil palabras de uso cotidiano; en 2005, eran solamente 800. Diez veces menos. Fenomenal y devastador efecto en la vida cotidiana de miles y miles de pibas y pibes.

Si no hay palabras para decir lo que se siente, si no hay palabras para decir y proyectar lo que se quiere, se terminan aceptando las palabras de los otros.

Sin palabras propias para defender los sueños, se terminan soportando las pesadillas que imponen los otros, las minorías.

De allí que una de las acepciones de la palabra adicto sea, entre otras, sin palabras. El que no puede expresar lo que siente, termina angustiado, desesperado por encontrar un sentido existencial que ya no está en el barrio porque esa geografía no ofrece trabajo, garantía de un soporte material que empuje los proyectos personales.

Y hay que bancar esa angustia, esa ausencia de sentido. Allí entonces, comenzó la democratización del consumo de drogas.

Llegó, como consecuencia, la violencia entre pares: el que vive sin sentido, mata sin sentido.

La facilidad con que se mueren y matan los pibes es consecuencia de la enorme dificultad para vivir.

En la segunda mitad de 2013, a dos años de votada la ley de salud mental que obliga a cualquier hospital a tratar a toda persona que lo requiera para recuperarse de alguna adicción, no se encuentran lugares que, en la práctica, pongan en funcionamiento esa ley.

Los costos de un tratamiento de rehabilitación son muy altos para familias que apenas pueden empatarle al fin de mes.

Y, por otro lado, la búsqueda del sostén material es muy difícil para los adolescentes. No hay trabajo que ofrezca 4 mil pesos de entrada a un muchacho que necesita dinero para el ahora. Salvo en la economía concreta y cercana de los bunkers que siempre están necesitando soldaditos. Los llamados “ajustes de cuentas” no son más que peleas fatales entre desesperados que buscan un poco de dinero, perversa deformación de la búsqueda laboral de los años noventa.

La historia política del narcotráfico en la provincia de Santa Fe hunde sus raíces en la dictadura, cuando Leopoldo Fortunato Galtieri fue el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, con jurisdicción en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe.

Dio apoyo al narcogolpe de García Mesa y Arce Gómez en Bolivia y el pago fue la primera ruta de cocaína que atravesó la Agentina, tal como lo confirmó el ex integrante del Servicio de Inteligencia del Ejército, Gustavo Bueno, ante la justicia federal argentina vía teleconferencia desde el Brasil.

“Algunos de mis compañeros ya consumían y cobraban de la droga”, dijo alguna vez el principal torturador del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía de Rosario, José Rubén Lo Fiego, a este cronista.

Los últimos cuarenta años de historia estallan en las urgencias de los barrios, en esos territorios que jamás recibieron una explicación sobre por qué tanto saqueo acumulado.

Pero los titiriteros no viven allí, entre casillas de latas, barros y colectivos que nunca pasan de noche.

Los titiriteros están en el centro y generalmente no pisan ni una seccional policial ni un tribunal porque poseen no solamente grandes profesionales a su servicio sino que además cuentan con relaciones políticas, judiciales y económicas en distintos niveles.

Los cuatro grupos que hasta finales de 2012 parecían dominar el negocio del narcotráfico en el Gran Rosario son la familia Canteros (“Los Monos”); los Altamirano y Alvarado, en el centro; Luis Medina, en el oeste y los principales referentes de la barrabrava de Rosario Central que lograron desplazar a la familia Romero en el norte de la ciudad, según señalan papeles que están en la justicia federal santafesina y bonaerense.

En los últimos dos años, sin embargo, la matanza fue creciendo por la desesperación entre los pibes que se disputan los espacios de venta, al mismo tiempo que aumentaba el volumen de dinero circulante. Una vez más, las dos cajas del negocio: la roja de sangre joven en los barrios y la blanca del lavado de dinero.

El triple crimen de Villa Moreno generó una notable rebeldía en la militancia del Frente Popular Darío Santillán que logró impone la idea de la narcopolicía y la necesidad de no construir más impunidad sobre los crímenes. Allí comenzó a hablarse de la trama cotidiana de la ferocidad del capitalismo en el Gran Rosario.

De Galtieri a Tognoli, la historia política del narcotráfico en la provincia de Santa Fe supone la necesaria modestia de admitir errores, complicidades y la necesidad de pelear juntos contra todas las formas de corrupción para salvar la vida de nuestros pibes.

Y es también saber que esa lucha es contra el sistema capitalista, ese mismo que todos los días nos hace creer que es mucho más importante tener que ser.

Lo que sigue son algunas de las notas periodísticas que hablan de esta crónica que sigue escribiendo todos los días, no solamente en los diarios, sino en la increíble y tozuda resistencia del amor de nuestro pueblo humilde que insiste en ser feliz a pesar de tantas hipocresías e impunidades invictas.

 

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